Ataques a la Vida |
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Hoy, como en muchas otras épocas, el trato que los hombres se dan unos a otros dista muchas veces de estar a la altura de lo que exige la dignidad de la persona. Sin embargo, lo más preocupante es que los atentados contra la vida humana y su dignidad encuentren amparo y respaldo en los parlamentos y en las legislaciones de las sociedades desarrolladas en las que, a medida que avanza el bienestar material, parece perderse la sensibilidad hacia el valor intrínseco de la vida humana desde su gestación a su fin natural. La esclavitud fue una aberrante situación para miles y miles de hombres y mujeres que nos ha dado medida de lo capaz que es el ser humano de desconsiderar la dignidad que tiene la vida de todo hombre. Legalmente ha sido abolida y nadie pretendería hoy legalizarla por el probable hecho de que todavía se siga practicando en algunas regiones del mundo. Por desgracia, felizmente superada la esclavitud, nos encontramos hoy con otro tipo de atentados a la vida humana que encuentran aprobación en las sociedades y que suponen la eliminación continua de miles y miles de seres humanos. Ante tal situación, muchos han hablado de una «cultura de la muerte» detrás de una cultura del bienestar. El aborto, la eutanasia y la manipulación de embriones humanos son gravísimos atentados contra la vida humana que hacen que nos preguntemos si, en realidad, nuestras progresistas leyes no son más que mecanismos de defensa que hemos adoptado los electores o consumidores para autoprotegernos olvidando a quienes no tienen voz. La justicia puede quedar sepultada por leyes que no protegen a los más débiles.
ABORTO: Según la última edición del Diccionario de la Lengua Española (2001) aborto es la «interrupción del embarazo por causas naturales o deliberadamente provocadas. Puede constituir eventualmente un delito». Desde un punto de vista jurídico, sin embargo, el aborto no es delictivo de modo eventual sino un delito sin más cuando se practica deliberadamente. Y, desde el punto de vista científico, interrumpir el embarazo no es otra cosa que suprimir la vida de un ser humano todavía no nacido. El hecho de eliminar la vida de un ser humano se llama desde el sentido común asesinato, crimen, homicidio, etc. Si hoy se quiere hablar del aborto en primer término como algo fundamentalmente referido a una interrupción voluntaria del embarazo, sin apenas considerar la vida humana que hay que eliminar para que se produzca esa interrupción, se debe a lo habitual que se ha vuelto la práctica del aborto y lo difícil que le resulta a nuestra sociedad admitir que permite la eliminación de seres humanos inocentes. El aborto hoy día es un delito despenalizado en tres supuestos: riesgo para la madre —obsérvese que tácitamente se admite que a quien se elimina es al propio hijo, pues una mujer sólo puede ser madre de hijo y no de una cosa o de un producto orgánico—, peligro de malformación del feto —esto es, si se presume, por ejemplo, que el ser humano va a padecer el síndrome de Down— o caso de que el hijo sea de un violador —y pagará entonces con su vida el hijo la culpa de su padre—. Pese a los tres supuestos despenalizadores hay que insistir en que el aborto es un delito aunque, desde que se despenalizó en estos supuestos, se hable a veces de él como si fuera un derecho. El aborto es hoy el atentado más grave contra la vida humana y contra su dignidad, pues consiste en dar muerte a un ser humano inocente e indefenso. Además de eliminar su vida se elimina su dignidad al contar su ejecución con la aquiescencia de las leyes, la aprobación moral de sectores de la opinión pública y la indiferencia de muchos. Tanto más grave resulta cuando sabemos hoy perfectamente que el nacimiento de un ser humano no es su venida a la existencia sino un cambio de nicho ecológico de un ser vivo que debe ser respetado en toda circunstancia por ser humano. Los tres supuestos que en España despenalizan la práctica del aborto desde 1985 no pueden ocultar esta cruda realidad. Delito teórico: A pesar de que el aborto provocado figure en la legislación española como un delito, los tres supuestos permiten hoy su práctica como si de un método anticonceptivo se tratara. Todas las clínicas que se dedican al sustancioso negocio en que se está convirtiendo hoy la eliminación de seres humanos ofrecen de facto sus servicios a cualquier mujer, con independencia de que se ajuste su caso al de los tres supuestos contemplados por la ley. Esto es algo que conocen perfectamente los políticos, los profesionales de la sanidad y la sociedad en general. Así, quienes tratan de defender moral y políticamente el aborto reclaman una legislación más acorde con la realidad social, puesto que las mujeres que abortan muy a menudo se ven envueltas en cierta inseguridad jurídica. Los que proponen esa nueva legislación son perfectamente sabedores de que la inseguridad jurídica se produce porque en la práctica aborta toda mujer que lo desee. Quienes por motivos políticos no están de acuerdo con modificar la actual ley, también a sabiendas de que la mayoría de los abortos que se cometen son un fraude de ley, aceptan sin más algo monstruoso. Hay quien quiere que se mantenga la actual ley con una aplicación efectiva, o sea, que aborten sólo las mujeres que se acojan a alguno de los tres supuestos y ninguna más. Si tal sucediera, el número de abortos descendería vertiginosamente ya que en un elevadísimo porcentaje la mayoría de los abortos que se han practicado en España han sido un fraude de ley. Invariablemente, el Ministerio de Sanidad, año tras año, recoge cifras de abortos practicados en las que más de un 95% se acogen al riesgo para la madre, concretamente, al riesgo psicológico para la madre. Es un hecho que físicamente los riesgos en un embarazo son mínimos en nuestro sistema sanitario actual. Y desde el punto de vista psicológico no está nada claro que haya alguna patología que resulte agravada por un embarazo o por un parto. Con el supuesto de peligro psíquico para la madre, el aborto es un delito teórico pero no práctico, lo que equivale a decir que quien pueda permitírselo económicamente o encuentre médico en la Seguridad Social puede abortar sin más problemas que los que en el futuro pueda plantearle su conciencia. Así como el hecho de maltratar a una mujer no es algo que en ningún caso deba quedar en el ámbito de la propia conciencia sino que la ley debe impedirlo, también la ley y la sociedad deben evitar que abortar sea algo sometido al propio y personal arbitrio. Nunca diremos que la muerte o maltrato de una mujer a manos de su pareja es algo que sólo concierne al muy respetable modo que tiene un hombre de entender su matrimonio o sus relaciones familiares. Tampoco, por consiguiente, diremos que la decisión de abortar es algo que debe quedar relegado a la conciencia individual de cada cual. EUTANASIA: Etimológicamente eutanasia procede de bien y de muerte, y significa «bien morir» o «buena muerte». Dado que la muerte es algo inevitable, todo el mundo desea que tenga lugar en las mejores condiciones. Sin embargo, hoy la eutanasia es algo distinto a una buena muerte: implica la intervención por acción u omisión de una persona para provocar la muerte de otra. En unos casos puede ser a petición de la persona que desea morir y en otros casos sin esa petición explícita. Así, la eutanasia viene a ser la cooperación activa o pasiva en la muerte de una persona cuando ésta lo desea o causar su muerte cuando se estima conveniente, oportuno —dado lo inoportuna que resulta la vida de esa persona en determinadas circunstancias—. Hay que distinguir entre lo que es ayudar a alguien a morir —algo muy humano propio de todas las sociedades— y matarlo. Matar a un ser humano es ilegítimo tanto desde un punto de vista moral como legal. Sólo está justificado matar en defensa propia. En ningún otro caso es aceptable matar aunque lo solicite una persona enferma o con una muerte cercana. Aunque sólo dos países permiten legalmente la eutanasia —Bélgica y Holanda—, hay voces que ingenuamente pretenden dotar de una mayor autonomía al hombre por el singular procedimiento de matarle por acción u omisión. Esas voces argumentan que en determinadas situaciones la vida es un estorbo o una carga moral y física desproporcionada para determinadas personas que expresan su deseo de morir. Atendiendo a tal lógica, los psiquiatras se convertirían en los principales administradores de la muerte de nuestra sociedad, habida cuenta de la cantidad de personas que, en momentos puntuales de su vida y sumidas en muy duras circunstancias, reclaman la muerte o expresan su deseo de morir. Obviamente, la buena praxis médica se orienta a que la persona que demanda la muerte comprenda que no es eso lo que necesita y que procede superar los obstáculos —de la índole que sean— que tiene para llevar una vida lo más satisfactoria posible. No obstante, los partidarios de la eutanasia solicitan que se tengan en cuenta determinadas situaciones, según las cuales la cuestión no sería tan sencilla y serían, ética y médicamente, atendibles los deseos de un ser humano que quiere morir por su propia voluntad. El paciente terminal: Se entiende por paciente terminal a la persona, hospitalizada o no, cuyo estado de enfermedad tiene unas expectativas de muerte en un plazo más o menos breve. La perspectiva que se abre ante el paciente terminal es, por lo tanto, muy dura y con carácter irreversible. Por otro lado, el estado del paciente puede ser tal que conlleve un sufrimiento físico o moral indeseable y no desee atravesar el tránsito que media hasta su muerte, de manera que la solución última que cabe para evitar el sufrimiento es la de procurar la muerte más indolora posible antes de que la persona llegue a un estado de deterioro mayor. A primera vista desde un punto de vista existencial puede parecer la eutanasia una medida razonable si es elegida por el paciente. Sin embargo, la eutanasia en el caso del paciente terminal se encuentra con graves problemas que no se pueden ignorar y la convierten en una salida nefasta tanto desde la óptica médica como ética y legal. En primer lugar, las posibilidades de curación de un paciente terminal están medidas estadísticamente. La Medicina no es una ciencia exacta y en pronósticos fatales pueden llegar a observarse evoluciones positivas que terminen en la curación del enfermo. En el caso del paciente terminal esto también se da pero muy pocas veces —por eso al paciente se le llama terminal—. De aplicarse la eutanasia al paciente terminal se cerraría la posibilidad de salvar muchas vidas, lo que no se pueden permitir ni los médicos ni una sociedad que tenga el propósito, aunque sea muy ligero, de ser solidaria. Por otra parte, existen medios hoy día que evitan el dolor físico a los pacientes en cualquier enfermedad terminal. En estas circunstancias ni un paciente ni un grupo parlamentario tienen derecho alguno a exigir que el personal sanitario haga precisamente lo contrario de lo que es su deber: curar y, en caso de que no sea posible la curación, paliar el dolor de los pacientes. Hay un amplísimo campo de la Medicina dedicado a los cuidados paliativos que se está descuidando —especialmente en los países que ya han admitido la eutanasia en sus legislaciones— de un modo irresponsable. Lo fácil es la eutanasia pero, a todas luces, lo conveniente para cualquier sociedad es desarrollar los cuidados paliativos. Quien desee que alguien le mate en un hospital se ha equivocado de lugar. Los médicos deben hacer todo lo contrario. «Muerte digna».- Los partidarios de la eutanasia, tanto en el caso del paciente terminal como en cualquier otro, lo que en el fondo reclaman es el derecho a recibir una cooperación necesaria a la hora de suicidarse. Llaman «muerte digna» a la posibilidad de disponer de su vida como ellos crean conveniente sin que ninguna ley o sociedad «paternalista» se interfiera en la forma en la que creen que deben terminar sus días. Se trata, pues, de una muerte voluntaria cuando un sujeto considera que no merece la pena vivir la propia vida. En síntesis, cuando alguien desee poner fin a sus días y precise de ayuda para que su deseo se haga realidad debe tener el derecho de que alguien le facilite la muerte. A este planteamiento de «muerte digna» que hacen los partidarios de la eutanasia cabe hacerle las siguientes observaciones: no está nada claro qué entienden por dignidad quienes consideran especialmente digna la muerte de un suicida. No tiene por qué ser especialmente indigna la muerte de un suicida pero, desde luego, no es más digna que ninguna otra muerte. La voluntariedad de una opción —la que sea— no le atribuye de inmediato dignidad alguna. Una decisión puede ser voluntaria y perfectamente indigna. Así pues, no procede hablar de la eutanasia como de muerte digna. Lo que sí resulta especialmente indigno es que alguien se avenga a matar a un ser humano porque éste lo deseaba. Si alguien es sospechoso de pérdida de autonomía a la hora de decidir es sin duda quien desea morirse: es obvio que las circunstancias que le rodean pesan mucho —tal vez demasiado— en su decisión pues es natural en el ser humano querer vivir. Bien porque la vida no está a la altura del suicida bien porque él no se considera a la altura de su propia vida, el suicida desea morir. No hay apreciaciones objetivas que permitan justificar la propia muerte; esas apreciaciones tienen lugar en la mente del suicida y en ningún caso pueden generar derecho alguno a que otro le dé muerte. Por ejemplo, un tetrapléjico con una lesión de nivel C – 7, que no es de las más graves que se dan en este tipo de enfermedades, se niega por sistema a usar silla de ruedas y puede llegar a conducir un automóvil y desplazarse en él. Sin embargo, se niega a asumir su situación y permanece años en la cama reclamando ayuda para morir. Llega a escribir un libro y a conceder entrevistas hasta que alguien le ayuda a poner fin a sus días. ¿Era su vida realmente indigna de ser vivida? ¿Y la de otros tetrapéjicos? ¿Es asumible la idea de vidas que no tienen sentido?¿Cuán grave tiene que ser una enfermedad para que sea razonable la eutanasia según sus partidarios? No hay respuestas a estas cuestiones por la sencilla razón de que se basan en una lógica suicida en la que ni la sociedad ni la Medicina pueden participar. Hay que considerar, por lo tanto, inviable la idea de legalizar suicidios asistidos. Consideraciones de índole subjetiva y potencialmente patológicas no pueden pretender ser compartidas por la sociedad y por la ley para implicarse en la eliminación de una vida humana. Nadie puede decidir las vidas que merecen eliminarse. La idea de una sociedad que cuenta con mecanismos legales para la eliminación de sus miembros es ya delirante. |
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